El Tratado de Lisboa vuelve a situar al ciudadano en el centro de la Unión Europea (UE) y de sus instituciones. Para ello, tiene como objetivo reavivar el interés de los ciudadanos por la UE y sus acciones, ya que a veces estas pueden parecerles demasiado lejanas. De este modo, el Tratado de Lisboa busca, entre otras cosas, promover una democracia europea que brinde a los ciudadanos la oportunidad de interesarse y participar en el funcionamiento y desarrollo de la UE.

Tal objetivo pasa necesariamente por un mayor reconocimiento de la ciudadanía europea en los tratados constitutivos de la UE. El Tratado de Lisboa pretende además simplificar y aclarar el funcionamiento de la Unión para hacerla más comprensible y, en consecuencia, más accesible a los ciudadanos. Por último, el Tratado de Lisboa refuerza la representatividad y participación del ciudadano en el proceso europeo. Una de sus principales innovaciones es la creación de una iniciativa ciudadana.

MAYOR RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DE LOS CIUDADANOS EN LOS TRATADOS

El Tratado de Lisboa incluye un nuevo artículo por el que reconoce plenamente la ciudadanía europea. Así pues, el artículo 10 del Tratado de la UE establece la representación directa de los ciudadanos en las instituciones a través del Parlamento Europeo. El mismo artículo señala esta democracia representativa como uno de los fundamentos de la UE. Dicho reconocimiento no otorga nuevos derechos a los ciudadanos, pero tiene un importante valor simbólico ya que consagra el principio de ciudadanía europea en los tratados constitutivos.

El artículo 10 establece también un principio de proximidad por el que las decisiones deben adoptarse con la mayor cercanía posible a los ciudadanos. Este principio se aplica sobre todo al ejercicio de las competencias de la UE. Dicho ejercicio también debe involucrar a las administraciones nacionales y locales de la forma más eficaz posible, para acercar así la UE a sus ciudadanos.

UNA UNIÓN EUROPEA MÁS ACCESIBLE PARA LOS CIUDADANOS

A menudo la UE transmite una imagen de construcción con una arquitectura y procedimientos complejos. El Tratado de Lisboa aclara el funcionamiento de la UE para que los ciudadanos puedan comprenderlo mejor. Una multitud de procedimientos legislativos se convertirán en lo sucesivo en un procedimiento de derecho común y procedimientos legislativos especiales que se detallarán caso por caso. Del mismo modo, se ha eliminado la antigua estructura en pilares en beneficio de un reparto de competencias claro y preciso en la UE.

Con la misma perspectiva, el Tratado de Lisboa mejora la transparencia de los trabajos dentro de la UE. En consecuencia, amplía al Consejo el principio de publicación de los debates que ya se aplicaba al Parlamento Europeo. Además, esta mayor transparencia permitirá una mejor información de los ciudadanos sobre el contenido de los debates legislativos.

MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES

El Tratado de Lisboa refuerza considerablemente los poderes del Parlamento Europeo Parlamento Europeo. Entre los cambios más significativos, destacan:

• El refuerzo del poder legislativo: el procedimiento legislativo ordinario, por el que el Parlamento dispone de los mismos poderes que el Consejo, se ha ampliado a nuevos ámbitos políticos.
• Un papel más destacado a escala internacional: el Parlamento debe aprobar los acuerdos internacionales en los ámbitos comprendidos por el procedimiento legislativo ordinario.
• El refuerzo del poder presupuestario: en adelante, el Parlamento estará equiparado con el Consejo en el marco del procedimiento de adopción del presupuesto anual de la UE.

Por otro lado, el Tratado de Lisboa otorga mayor relevancia al papel de los parlamentos nacionales en la UE. Estos últimos también pueden hacer valer la opinión de los ciudadanos en la UE. Más concretamente, en lo sucesivo, los parlamentos nacionales deberán velar por la correcta aplicación del principio de subsidiaridad. En este sentido, pueden intervenir en el procedimiento legislativo ordinario y disponen de un derecho de remisión al Tribunal de Justicia de la UE.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

El Tratado de Lisboa instaura por primera vez un derecho de iniciativa ciudadana, introducido por el artículo 11 del tratado de la UE: un mínimo de un millón de ciudadanos europeos pueden invitar a la Comisión a presentar una propuesta sobre un tema específico. Esta disposición traduce la voluntad de la UE de vincular a sus ciudadanos a los proyectos europeos y la toma de decisiones que les conciernen.

Este derecho está sujeto a varias condiciones. El límite mínimo de un millón de ciudadanos puede parecer excesivo a primera vista. Sin embargo, es relativamente fácil de conseguir sobre una población europea de casi 500 millones de habitantes con ayuda de las nuevas tecnologías de comunicación. El artículo 11 establece, además, que los ciudadanos signatarios deben proceder de un número significativo de Estados miembros al objeto de impedir la defensa de intereses básicamente nacionales.

Además, el derecho de iniciativa ciudadana no retira el monopolio en este campo a la Comisión Europea. Esta última sigue pudiendo dar curso o no a la iniciativa propuesta por los ciudadanos europeos a su arbitrio. Si esta iniciativa desemboca en una propuesta legislativa, el acto será adoptado por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario o un procedimiento legislativo especial.